El Departamento del Tesoro de Estados Unidos se está preparando para renovar en los próximos días la licencia de Chevron Corp para operar en Venezuela, pero probablemente sin los términos ampliados que buscaba la petrolera estadounidense, dijeron personas cercanas a las conversaciones.
El último productor de energía estadounidense en Venezuela solicitó al gobierno del presidente Joe Biden en marzo una licencia que le permitiría tener una mayor participación en sus empresas conjuntas con la estatal venezolana PDVSA, un primer paso para reactivar la producción y controlar a dónde se envía el petróleo.
Sin embargo, se espera que la licencia se renueve tal como está o se devuelva a algunos de los términos que tenía en 2020, que no limitaban la perforación, el procesamiento o el envío de petróleo de Chevron desde Venezuela. Aún no se ha tomado una decisión final, dijo una persona familiarizada con el asunto.
La semana pasada, Washington le dio a Chevron lo que llamó una autorización «restringida» para entablar conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre actividades futuras. Los funcionarios estadounidenses ahora están esperando que Venezuela fije una fecha para reanudar el diálogo político con la oposición del gobierno, un posible factor determinante en la elaboración de la licencia de Chevron.
Las conversaciones políticas, que se llevarán a cabo en México, aún no se han formalizado ya que las dos partes debaten qué país supervisará, como lo hizo Noruega el año pasado, dijeron otras dos personas familiarizadas con el asunto. La licencia de Chevron expirará el 1 de junio.
MUCHAS PRESIONES
A medida que la administración del presidente Biden busca alentar el diálogo político, se ha enfrentado a las críticas de los republicanos y de algunos de sus compañeros demócratas que no quieren hacer ninguna concesión a Maduro.
Al mismo tiempo, el gobierno de EEUU está cada vez más preocupado por el aumento de los precios del combustible y los temores de falta de suministros internos.
La oposición del Congreso a cualquier acción que se considere como una relajación de las sanciones ha reducido las perspectivas de otorgar a Chevron en este momento cualquier control sobre la producción o luz verde para el comercio, según fuentes en Washington.
El senador estadounidense Bob Menéndez, presidente demócrata del Comité de Relaciones Exteriores, dijo la semana pasada que darle a Maduro «un puñado de dádivas inmerecidas» para que su gobierno prometiera sentarse en una mesa de negociaciones era «una estrategia destinada al fracaso».
Chevron, la italiana Eni y la española Repsol han buscado en los últimos años autorizaciones estadounidenses para tomar cargamentos de petróleo venezolano para el pago de deudas pasadas, argumentando que esos términos no proporcionarían efectivo a Venezuela.
Entre 2019 y 2020, el gobierno del entonces presidente Donald Trump permitió a Chevron comercializar crudo producido por sus empresas conjuntas venezolanas para pagar los dividendos y la deuda de PDVSA. Los privilegios fueron retirados como parte de la campaña de presión de Trump contra Maduro.
“Tenemos la esperanza de que se renueve la Licencia General 8 para que podamos continuar nuestra presencia en el país a largo plazo”, dijo Ray Fohr, vocero de Chevron. “Seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, la integridad de los activos de nuestra empresa conjunta y los programas sociales y humanitarios de la empresa”.
Washington en marzo reinició sorprendentemente el compromiso diplomático con Venezuela en un movimiento para obtener petróleo para reemplazar el crudo y el combustible ruso que serían prohibidos semanas después.
Pero después de esa reunión de alto nivel, los funcionarios estadounidenses han dicho repetidamente que cualquier alivio de las sanciones para Venezuela estará vinculado a «pasos concretos» de Maduro, destacando las dificultades de cada lado para poner sobre la mesa al menos una parte de las demandas.
La secretaria de Energía de EE. UU., Jennifer Granholm, dijo la semana pasada en una audiencia en el Congreso que el gobierno no importará crudo de Irán o Venezuela.
