La Cámara Inmobiliaria de Venezuela sostiene que la reforma de las leyes de Arrendamiento de Viviendas, Contra la Estafa Inmobiliaria y de Deudor Hipotecario, en conjunto, podrían proporcionar la seguridad jurídica y facilidad de pagos necesarias para poder ofrecer 50,000 viviendas al año en todo el país y de esa manera impactar positivamente en el Producto Interno Bruto (PIB).

La cifra implicaría una oferta de 250.000 viviendas en los próximos cinco años.

Así lo manifestó Roberto Orta, presidente del gremio, al promocionar el III Foro Sur Oriental de actualidad inmobiliaria en el estado Bolívar.

Orta informó que el gremio continúa proponiendo trabajar junto con el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) para fijar los criterios en cuanto al cálculo de aranceles que, en muchos casos, escapan de la capacidad de pago de los usuarios.

Según la reciente reforma de la Ley de Registros y Notarías, el usuario debe pagar hasta 2% del valor de la compra de la vivienda. Pero en realidad, algunos registros están haciendo una estimación del inmueble, y al momento de establecer el porcentaje del arancel, este suele oscilar entre 4% y 40% de su valor.

Quienes no pueden pagar el arancel de registro, optan por firmar documentación entre privados o transar irregularmente. Esto último los expone a robos o estafas inmobiliarias.

El gremio informó que ha solicitado audiencias con los directivos del Saren para agilizar soluciones. “Queremos que los usuarios puedan acceder al registro y que eso no represente un obstáculo para muchas familias”, declaró Orta.

Asimismo, el gremio manifestó que ha participado en las mesas técnicas del sector construcción del Ministerio de Viviendas, para presentar propuestas concretas de las tres leyes a reformar. Asegura que está a la expectativa de que estas normas sean revisadas por el Ejecutivo nacional y la Procuraduría General de la República para posteriormente presentar las propuestas como un proyectos de ley ante la Asamblea Nacional.

La cámara también expuso  sus propuestas de mercado de capitales para establecer vías alternativas de financiamiento con la bolsa de valores.

Una ley que permita transar en moneda extranjera

Para poder impulsar el desarrollo del sector inmobiliario, el gremio asegura que se deben sincerar las transacciones entre las partes, y que esto se refleje en las leyes.

Aunque la ley prohíbe establecer cánones de arrendamiento o ventas de inmuebles en monedas distintas a la de curso legal, en la práctica, muchas de las ventas y arriendos se coordinan en divisas o en oro, en el caso de estados como Bolívar. Esto como resultado de la economía inflacionaria del país.

Para efectos de registro inmobiliario, las partes presentan toda la documentación con trámites expresados en bolívares, aunque lo hicieron en una moneda distinta. Orta explicó que esta situación no proporciona seguridad jurídica ni a vendedores o arrendatarios y compradores, porque no hay documentación que refleje lo que realmente se está pactando en la negociación.

“Sincerar todo beneficiaría a las partes, tendríamos mayor seguridad jurídica, tendríamos un mercado más transparente. Y beneficiaría al Estado en cuanto al costo de los aranceles en el registro así como en los impuestos municipales”, manifestó.

Prevalece el alquiler sobre las ventas de inmuebles

Hasta el momento, en el sector inmobiliario solo han crecido los alquileres de locales comerciales por la reactivación de algunos comercios tras el levantamiento de la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Roberto Orta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, asegura que la fluctuación de precios en el mercado de arriendos no supera el 5%.

“El mercado inmobiliario se mantiene en un volumen similar en cuanto a operaciones y precios. No ha habido cambios importantes”, dijo la autoridad gremial.

El alto cobro de aranceles sin un criterio estándar, el acceso restringido a créditos y el diluido poder adquisitivo de los venezolanos, en medio de una economía inflacionaria, provoca que las ventas de los inmuebles se mantengan, pero no aumenten.

En este sentido, la reactivación de créditos de la banca y entes privados también es un aspecto clave para dinamizar el sector inmobiliario, sobre todo para la compra de inmuebles.

En el caso del estado Bolívar, Orta precisó que en el sector comercial, la venta de locales representa el 25% mientras que los alquileres representan el 75%.

En el área residencial ocurre lo contrario: 61% son ventas de vivienda, y 39% son alquileres o arriendos.

“Nosotros aspiramos que haya muchos más alquileres con previa garantía de seguridad jurídica, porque la situación actual de los venezolanos es compleja en cuanto a poder adquisitivo y sin crédito bancario para costear la inicial para la compra de una vivienda, pensamos que en los arriendos hay una opción real para la población”, manifestó Orta.

“Vemos en el arrendamiento una acción rápida, tangible de lo que se puede reactivar de manera masiva”, agregó.

Urge activar la construcción privada de viviendas

En Venezuela, el sector construcción está paralizado en un 98%. Es por eso que la adquisición de viviendas es secundaria la mayoría de las veces.

En ese contexto, el gremio inmobiliario propone la reforma de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, pues este documento legal restringe la construcción de viviendas en el sector privado. Orta asegura que la ley ahuyentó a promotores y constructores, quienes se enfocaron únicamente en la construcción de centros comerciales y oficinas.

Esto porque el marco legal actual no considera las ganancias que debe percibir el sector construcción, tras establecer que el precio de la preventa sea la suma del valor del terreno, el costo total de la obra y, además, los costos de los préstamos a los que opte quien construya.