El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), abogado Roberto Orta Martínez, considera que, para poder reactivar el sector inmobiliario en Venezuela, se necesita reformar tres leyes que desfavorecen al sector inmobiliario.
En entrevista concedida a Unión Radio, Orta explico que el gremio a través de vías legislativas propone la reforma puntual de la Ley de Arrendamiento de Vivienda, la cual fija un método complejo para recuperar una vivienda que ha sido rentada. “Estamos solicitando el cambio de procedimiento que se estableció allí, un procedimiento más expedito donde estén contempladas las defensas del propietario e inquilino, pero que se masifique con la seguridad jurídica”, dijo.
Otro cambio se refiere a la Ley del Deudor Hipotecario, por considerar que existe una restricción en cuanto al tipo de moneda de pago, por lo que sugieren que estos valores, sean “flexibilizados y ampliados a moneda extranjera y criptomonedas”.
Referente a la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, Orta estima que esta restringió de manera importante la construcción de vivienda por parte del sector privado. Afirman que deben existir alternativas de financiamiento para la adquisición de inmuebles: “La ley establece una fórmula donde el precio de venta no toma en cuenta por ejemplo la ganancia legitima que debe tener el promotor o constructor de la obra”, concluyó.
Ley contra estafa inmobiliaria
Esta ley contra la estafa fue aprobada por hechos puntuales ocurridos hace 10 años, y a lo largo del tiempo en el país el instrumento establece que no solo regulará a las empresas constructoras, sino también a quienes las comercializan, las promueven y a las entidades bancarias que financian a estas compañías.
Sobre este punto, el gremio considera que la preventa debe regularse, pero de una manera que no restrinja la actividad, puesto que es un beneficio que ayuda a las familias a adquirir un hogar.
“Nosotros pensamos que la preventa debe regularse en el caso de que los promotores deben tener la documentación al día, así como también el propietario del terreno”, puntualizó.
Una reactivación pequeña
El mercado primario, es decir, de construcción, viene desde hace unos diez años en declive, porque no hay financiamiento, condiciones de mercado y existe una Ley Contra la Estafa Inmobiliaria que dificulta la preventa y el financiamiento. Sin embargo, en el mercado secundario la situación es distinta, los alquileres representan un aumento de las operaciones que se hacen en el sector.
Sobre el papel que representan los promotores, Ortega explica que “la forma legal en la cual están algunos promotores ofreciendo sus proyectos, son pocos los proyectos donde se da(…) si se hace la reforma de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, se puede masificar este tipo de oferta en preventa, inclusive los edificios que están terminados pueden tener una apertura legal que permita hacerlo de una manera más sencilla”.
Preocupación por los aranceles de registro
El 16 de diciembre de 2021 se publicó en Gaceta Oficial una Reforma de la Ley de Registros y Notarías, en la cual se estableció como margen el 2% del precio de venta del inmueble como arancel donde se transfiere la propiedad.
Sobre este punto, Orta señala que ese porcentaje en la práctica viene siendo un 20% un 30% lo cual dificulta la compra de viviendas por parte de la ciudadanía. “los compradores terminan viendo en el arancel una pared porque no es una cantidad que se pueda disminuir, lo que hace que los compradores desistan de la compra, incluso en ocasiones acuden a firmar documentos privados, lo cual no representa seguridad jurídica”, explico.
