La Cámara Venezolana de la Construcción planteó la necesidad de reformar o derogar la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda y flexibilizar el encaje legal bancario como condiciones para reactivar el financiamiento inmobiliario en el país.

Gustavo García, presidente de ese gremio, señaló que, aunque la nueva Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas abre oportunidades para desarrollar proyectos, persiste una limitación fundamental: la ausencia de créditos de largo plazo para la clase media y los sectores de menores ingresos.

El planteamiento apunta a recuperar la capacidad de la banca para ofrecer préstamos hipotecarios y financiar la construcción de nuevas unidades.

Para Miranda, donde conviven zonas residenciales consolidadas y áreas de expansión urbana, la disponibilidad de crédito representa un factor determinante para que más familias puedan adquirir viviendas y para que los promotores encuentren compradores con capacidad de pago.

La propuesta también evidencia que la aprobación de nuevas normas de construcción no es suficiente por sí sola para dinamizar el mercado. El sector requiere mecanismos financieros que permitan convertir los proyectos en viviendas efectivamente accesibles.