El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta Martínez, señaló que en varios Registros y Notarías del país están cobrando hasta 40% más del precio del valor de un inmueble para inscribir la compra-venta, cuando la ley establece que es el 2% sobre el valor de la vivienda.
«Ese porcentaje en vez de ser el 2%, en la práctica viene siendo un 5%, 10%, 15%, 20% y hasta 40% del valor del inmueble», indicó en el programa «Dos más Dos», transmitido por Unión Radio.
Sostuvo que es un inconveniente para quienes estén comprando inmuebles, porque al final ven en el arancel «una pared» y en muchos casos las personas desisten de hacer la compra.
Cabe acotar que la economía venezolana está dolarizada y se aspira a que esa dolarización de facto «termine en algún momento, mientras se recupera el bolívar como signo monetario».
Destacó que cuando se llega al Registro para inscribir la operación, «no se permite protocolizar documentos en moneda extranjera».
Igualmente, aseveró que es necesario reformar tres leyes que están afectando al sector: «la Ley de Arrendamiento de Viviendas, la cual establece un procedimiento muy complicado para poder recuperar una vivienda que ha sido rendada».
«En ese caso estamos solicitando puntualmente el cambio de procedimiento que se estableció allí para que sea más expedito donde esté contemplada la defensa del inquilino», agregó.
La segunda normativa es la Ley del Deudor Hipotecario, en donde «estamos proponiendo la modificación de un artículo que es para establecer hipotecas en monedas diferentes al bolívar».
El tercer texto es la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que a su juicio restringe de manera importante la construcción de viviendas por parte del sector privado, «debido a que establecía una fórmula donde el precio de ventas no toma en cuenta la ganancia legítima que debe tener el promotor o constructor que está realizando la obra».
