El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta, reiteró que los propietarios sufren la diferencia de la tarifa en los aranceles dado que lo establecido es un 2% del valor del inmueble como servicio público de arancel.
«En la realidad ese arancel está entre el 5 y el 40% del valor del inmueble (…) Muchas familias que van al registro se encuentran con un arancel tan alto que tienen que desistir de la negociación», expresó.
En una entrevista para Unión Radio, Orta indicó que a través de una encuesta realizada por la propia cámara, arrojó que más del 60% de extranjeros no han recibido respuesta, después que se registraran en la pagina web del Saren para el servicio de registros y notarías.
«La mayoría de ellos tiene entre 1 y 3 meses de espera (…) son miles de transacciones, poderes, operaciones. Estamos hablando de ventas de vehículos, de bienes, inmuebles que están paralizados por este registro», agregó.
En ese sentido, Orta subrayó que esa situación afecta la libertad económica de los extranjeros en Venezuela, dado que se refleja en negociaciones, bien sean asambleas de condominio, la compañía donde participe un extranjero, entra en esta situación. «Evidentemente es bastante preocupante y afecta la economía que tanto incentivo necesita», resaltó.