Un total de 138 países y jurisdicciones se han comprometido a no promulgar nuevos impuestos sobre los servicios digitales, al menos durante 2024, si antes de finales de año hay un bloque representativo que firma el acuerdo para establecer un sistema internacional de reparto de tasas a esa actividad.
La condición es que los firmantes sean, al menos, 30 y que supongan como mínimo el 60% de las entidades matrices de las multinacionales que están concernidas por este dispositivo que fue objeto de un acuerdo de principio en julio de 2021, anunció este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En la declaración presentada por la OCDE, que es el que ha dirigido el llamado «marco inclusivo» de la negociación, esos 138 países y jurisdicciones se comprometen en ese caso a no sacar adelante ningún impuesto propio o medidas similares que graben los servicios digitales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 o a la entrada en vigor del futuro Convenio Multilateral.
Además, el compromiso se podría prolongar a 2025 en caso de que «se haya avanzado lo suficiente hacia la entrada en vigor del Convenio Multilateral».
Hay una treintena de gobiernos (en particular en Europa) que han adoptado impuestos nacionales sobre los servicios digitales o que prevén hacerlo para impedir que los gigantes del sector sigan sin pagar tasas allí con sus conocidas estrategias de domiciliar sus sedes (y sus beneficios) en jurisdicciones con condiciones fiscales muy favorables.
Cinco países no han firmado la declaración
Hay cinco países, de los 143 que participan en el llamado «marco inclusivo» en el que se lleva a cabo la negociación de estas nuevas reglas de fiscalidad internacional, que no han querido suscribir la declaración de resultados: Canadá, Bielorrusia, Rusia, Pakistán y Sri Lanka.
En la declaración se habla de la «preocupación» manifestada por ciertas jurisdicciones por aspectos específicos, y se subraya que se trabaja para resolver esos obstáculos y abrir la firma de un convenio multilateral en el segundo semestre de este año para que pueda entrar en vigor en 2025.
En cualquier caso, el principal mensaje es que el «marco inclusivo» está finalizando el trabajo sobre el llamado «primer pilar», referido a la atribución de nuevos derechos de imposición a los países en los que hacen negocio las multinacionales aunque no tengan sede formal allí, y que concierne en particular a las del negocio digital.
Eso significa que se han completado «los trabajos de desarrollo de la cláusula de sujeción a imposición (CSI), así como a su marco de implementación» que dará derecho a imponer «una parte concreta de los beneficios residuales de las mayores y más rentables empresas multinacionales que operan en sus mercados».
Pagar donde se genera el negocio
Es decir, es la concreción del compromiso de 2021 que obliga a que grandes compañías, en particular del sector digital, paguen impuestos allí donde tienen actividad y no sólo donde declaran sus sedes físicas, escogidas con muchas frecuencias porque en esas jurisdicciones les dan un trato de favor.
La CSI establece que los ingresos cubiertos incluyen «todos los pagos por servicio intragrupo». Cuando las partidas de ingresos estén gravadas a un tipo nominal del impuesto de sociedades inferior al 9% en la jurisdicción de residencia, el país en el que se origina el ingreso podrá imponer por su parte un tipo impositivo adicional que puede llegar a la diferencia entre ese 9% y el tipo nominal del impuesto de sociedades en la jurisdicción de residencia.
La OCDE había calculado en enero que la atribución de nuevos derechos afectaría a unos 200.000 millones de dólares de beneficios, con un reparto diferente entre países de los impuestos que las compañías tendrían que abonar esas compañías.
De acuerdo con esas estimaciones, a nivel global se generarían entre 13.000 y 36.000 millones de dólares adicionales para las arcas públicas.
En paralelo a este «primer pilar», el «marco inclusivo» dio lugar a otro compromiso del «segundo pilar» para establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y en la declaración de hoy sus firmantes destacaron que eso ya es una realidad y «más de 50 jurisdicciones están adoptando las medidas necesarias para su implementación».
