La Cámara Inmobiliaria de Venezuela expresó recientemente la necesidad de reformar las leyes de Arrendamiento de Viviendas, Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Deudor Hipotecario para facilitar los pagos y otorgar mayor seguridad jurídica, una discusión que abrió el debate sobre si la existencia de dichos estatutos debería mantenerse.
En este orden de ideas, el diputado Rigel Sergent, desmintió la información sobre los adelantos de una posible modificación y señaló que esta petición va en contra de las políticas gubernamentales, pues, a su juicio, el objetivo de la cámara es dolarizar los alquileres.
Durante una entrevista concedida a Unión Radio, el parlamentario aseguró que las proyecciones que busca la Cámara son «exorbitantes» y afectaría a los sectores vulnerables.
«El sector privado ha logrado dolarizar nuestra economía y eso afecta el bolsillo principalmente de la clase trabajadora, de los que no ganan en dólares (…) Ellos construyen con el dinero de la gente y la banca pública, nunca ponen en riesgo los recursos que puedan tener como empresarios«; añadió.
Precisó, además, que la misión del Ministerio de Vivienda es garantizar la consolidación de los inmuebles al 100% para evitar estafas de preventa de muchas empresas.
Sin embargo, Sergent enfatizó que están abiertos a negociar y escuchar las peticiones del sector a fin de poder llegar a puntos comunes que faciliten el crecimiento del sector inmobiliario.
