El sector inmobiliario venezolano atraviesa un fenómeno particular: los precios de oferta han registrado un alza de entre el 20% y 30% en el último año, pero esto no se ha traducido en un incremento proporcional de las transacciones efectivas. Así lo informó Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en una entrevista a Unión Radio, quien recordó que el valor real de un inmueble lo determina finalmente lo que el mercado está dispuesto a pagar.

En la reseña, González Travieso explicó que la demanda sigue siendo muy limitada, restringida únicamente a ciudadanos con capital propio, debido a las barreras legales que impiden el financiamiento. En este sentido, hizo un llamado urgente a revisar el marco jurídico actual, específicamente tres leyes que, a su juicio, mantienen contraída la oferta y paralizada la inversión masiva, incluso en áreas estratégicas como las zonas petroleras.

Sostuvo que entre las reformas propuestas destaca la modificación de la Ley de Arrendamiento, para equilibrar los derechos entre propietarios e inquilinos; la Ley del Deudor Hipotecario, cuyo articulado prohíbe actualmente la contratación de hipotecas en divisas; y la Ley de Estafa Inmobiliaria, la cual ha impactado la producción de nuevos proyectos.

«Venezuela tiene 15 años sin producir un metro cuadrado de vivienda residencial nueva», sentenció el representante gremial, subrayando que el mercado actual se limita al intercambio de propiedades ya existentes.