Roberto Orta, presidente de la Cámara Inmobiliaria Venezuela, señaló a Descifrado que “la situación que se presenta con los aranceles en registros para la compra de inmuebles no viene dada por la Ley, la traba surge por la política de cálculos de algunos registradores a nivel nacional”.

Explicó que la Ley establece un porcentaje adecuado al servicio, que es de 2% del precio del venta del inmueble pero el registrador tiene la discrecionalidad de calcular ese porcentaje. “La estimación es tan alta que en la práctica se convierte en un 10, un 20 o un 30%, incluso más altos, que nos han notificado afiliados que se han cobrado en algunas ciudades.

Señaló que conoce de muchos negocios que se han caído por el tema de los aranceles. “Es un servicio público que no debería costar más de lo necesario para mantener activas las oficinas de registro”, dijo.

Con respecto a las invasiones expresó que por lo menos en Caracas no han ocurrido últimamente como hubo entre los años 2003 al 2006, donde se invadieron cerca de 150 edificios en la capital los cuales no fueron devueltos a sus legítimos dueños, a pesar de las denuncias y de ser calificado como un delito.