La seguridad es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía. En estos días, el país ha visto atónito como expresiones de la delincuencia organizada en sectores de Caracas han desatado una situación de violencia y anarquía que debe ser evaluada en todas sus dimensiones, aunque, por supuesto, la primera y más importante es la imprescindible necesidad de proteger la vida.
No se han cuantificado las pérdidas que estos sucesos han generado en los negocios que debieron cerrar sus puertas por la violencia desatada por bandas criminales cuando estaban habilitados para operar en la pasada semana de flexibilización.
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) ha estimado en diferentes estudios que la criminalidad fuera de control puede significar una pérdida superior a 10% del Producto Interno Bruto (PIB) anual en Venezuela; sin embargo, hay que evaluar en concreto cuánto afecta a la actividad productiva este fenómeno de la irrupción de delincuencia organizada.
En Venezuela, las empresas tienen muchos años enfrentando con herramientas propias a la inseguridad del entorno. Son cuantiosas las inversiones que se deben hacer en seguridad perimetral, protección del personal y en dispositivos de control logístico que intenten generar mayor seguridad, sobre todo en procesos de distribución.
La situación planteada en Caracas es altamente preocupante –alarmante, de hecho- pero debe servir para poner de relieve un tema que afecta a las empresas de todo el país y que ha sido dejado de lado en el debate público, debido a otras manifestaciones de la crisis económica del país.
Diversos testimonios hablan del incremento de la delincuencia en el campo, a través del abigeato y el robo de cosechas, fenómenos que se suman al cobro de “vacunas” tanto por parte de bandas criminales como por efecto de la corrupción de funcionarios.
Es necesario que las autoridades del Estado vean la situación más allá de los eminentemente policial y articulen estrategias integrales de seguridad que contribuyan a la protección de las personas y sus patrimonios, en función que se garantice un entorno seguro para el desenvolvimiento de las actividades productivas.
La inseguridad es un fenómeno extendido que toca todos los ámbitos de la sociedad, y la existencia de estas expresiones de crimen organizado habla de un nivel de profundización del fenómeno que no se había visto antes en el país, aunque la elevada criminalidad siempre ha sido uno de los grandes riesgos para invertir en Venezuela.
Es de suma importancia que, en este momento de crisis, se generen políticas de protección que compensen estos impactos, que las autoridades tengan la capacidad disuasoria necesaria –en el marco del respeto a la Ley y salvaguardando los derechos de las personas- y que el sistema judicial funcione eficientemente para asegurar la protección de los legítimos intereses de todos los ciudadanos.
Esta reflexión busca simplemente poner el foco en un ángulo del problema que, en nuestra opinión, debe ser mirado con la relevancia que merece. ¿Cómo aspirar que inversionistas extranjeros vengan a Venezuela a arriesgar sus capitales si no existe la seguridad mínima indispensable para montar y mantener abierta una empresa? ¿Cómo puede hablarse de estimular la economía en un entorno violento y donde bandas criminales tienen una presencia extendida en el país?
La conclusión es que la situación es tan grave que se requieren cambios estructurales y decisiones de fondo sobre la misma estructura del sector.
