La Subcomisión de Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, activó una agenda de trabajo para abordar la situación de los desalojos a inquilinos que se están efectuando en distintos estados del país, según reseña una nota de prensa del parlamento.
El diputado Rigel Sergent, coordinador de la subcomisión, informó que en la reunión ordinaria del miércoles se acordó un plan de trabajo que contempla el despliegue comunicacional, para ratificar la medida de prohibición de desalojos establecidos en la Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas.
Para tal labor, dijo, realizarán la articulación necesaria con el sistema de Justicia.
Comentó que trabajarán conjuntamente con la Comisión Permanente de Desarrollo Social a objeto de seguir atendiendo y canalizando las denuncias que se reciban sobre desalojos y atropellos contra familias inquilinas.
Recordó que el pasado 21 de junio hubo una movilización con el Movimiento de Pobladoras y Pobladores quienes en esa oportunidad sostuvieron un encuentro con el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde le plantearon el tema de los desalojos arbitrarios, perturbaciones y criminalización con hechos punibles, principalmente contra las familias inquilinas, así como otros casos de ocupantes legítimos como trabajadoras residenciales y usufructarios que han sido víctimas de atropellos y desalojos fuera de ley.
“Desde la Comisión Permanente de Administración y Servicios y el equipo que labora en la Subcomisión de Vivienda seguiremos recibiendo y atendido esta problemática en aras de restablecer los derechos de estas familias y hacer cumplir con lo establecido en la Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas”, concluyó.
Dichas acciones del legislativo, vienen precedidas de declaraciones e instrucciones de Maduro; así como del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien también pidió a su equipo monitorear las denuncias de desalojos.
De ratificarse el marco legal que prohíbe los desalojos de inquilinos, el mercado secundario de alquileres, estaría lejos de recuperarse y ofrecer opciones de vivienda a las familias que no cuenten con un techo propio.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), ha solicitado al Ejecutivo modificar el texto legal y, permitir que haya un avance para garantizar los derechos de los propietarios que se ven afectados al momento de solicitar la desocupación de un inmueble residencial.
Sin embargo, las instrucciones y acciones del Ejecutivo y del Legislativo, están lejos de consensuar con las solicitudes del sector privado, en materia de arrendamiento.
