El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta, solicitó al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) inspeccionar los montos de registro de viviendas, ya que podrían estar sobreestimados.

Aseguró que la Ley de Registros y Notarías establece un porcentaje máximo por el servicio público de la inscripción del documento donde se transfiere la propiedad de 2%, sin embargo, en la práctica, el monto se calcula entre el 5% y 40% del costo de la vivienda.

«Los registradores siempre han tenido la potestad de estimar el valor de la vivienda para evitar la evasión del arancel, pero lo que está pasando es lo contrario, se está sobreestimando el valor de la vivienda a los efectos del arancel de registro y se hace inaccesible», expresó Orta a la emisora Unión Radio.

«Registrar la propiedad se convirtió en el servicio público más costoso que tienen los ciudadanos actualmente, quienes además deben realizar la compra sin poder acceder a financiamiento».

Otro inconveniente es que ningún extranjero residente en Venezuela no puede otorgar ningún documento sin ser habilitado previamente por el Saren.

«Estamos hablando de 400 tipos de documentos: civiles, mercantiles, familiares, poderes, permisos de menores (…) Imagina que alguno de tus familiares es extranjero y no puede ir a ninguna notaría a otorgar cualquier tipo de documento».

Dijo que esa situación no sólo afecta a los venezolanos residenciados en el país, sino también a la inversión extranjera.