El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela(CIV), Roberto Orta Martinez, ofreció a los medios de comunicación un balance del Sector Inmobiliario en 2022 en el Consejo Nacional Ordinario de Fedecámaras.
Destacó que en general el sector mantiene el mismo volumen de operaciones y precios de los últimos 4 años, con excepción de algunas urbanizaciones de las principales ciudades del país que presentaron un leve aumento en precios y en operaciones, lo cual es un indicador positivo. Un nicho que destacó con un aumento de 23% fue el de arrendamientos comerciales.
Calificó como positiva la iniciativa del plan «Arrendamiento Seguro» anunciado por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, en cuya estructuración colaborará la CIV junto a otras organizaciones, enfatizando que debe venir acompañado de una reforma puntual de la Ley de Arrendamientos de Vivienda.
Señaló que la CIV insistirá en la revisión de la política de cálculo de los aranceles de registro para la compra de inmuebles en el país.
Además destacó lo positivo de la devolución y apertura del Centro Sambil La Candelaria, lo cual representa un hito para el sector inmobiliario que evidencia la importancia del respeto al derecho a la propiedad. Recordó que sigue pendiente la devolución de otros inmuebles afectados.
Manifestó la CIV trabaja en conjunto con la Superidentencia de Valores SUNAVAL para la estructuración de mecanismos de financiamiento del sector por parte del mercado de capitales, ya que sigue pendiente la reactivación del financiamiento bancario inmobiliario.
Destacó además el trabajo conjunto de todos sectores económicos de Fedecámaras y de sus capítulos regionales en la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo productivo y en el esfuerzo del Comité Gerencial de la organización en el reposicionamiento internacional de Venezuela.
En el ámbito internacional la CIV reactivó su afiliación a la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana y solicitó la creación del Capítulo Venezuela de la Federación Internacional Inmobiliaria (Fiabci)
Señaló que la seguridad jurídica, tanto en las leyes del sector y en el respeto a la propiedad, son vitales para la inversión en Venezuela.
