El analista económico y director de Petróleo por Venezuela, Francisco Rodríguez, considera que antes de suscribir cualquier acuerdo en el diálogo entre el Gobierno y la oposición, el tema central debe ser la protección de los activos venezolanos frente a acciones de acreedores.
A través de las redes sociales, Rodríguez publicó un hilo en el que explica los riesgos a los que están expuestos los activos y advirtie que los acreedores ya han avanzado mucho en sus gestiones para cobrar las obligaciones pendientes por parte del Estado venezolano.
El economista resaltó que hasta ahora, la defensa de los activos venezolanos frente a acreedores en tribunales estadounidenses ha sido llevada por el gobierno interino, que se facultó para hacerlo en virtud de su reconocimiento por Estados Unidos (EEUU).
En ese sentido, recordó que bajo la administración de Donald Trump, el Secretario de Estado, le «entregó a Juan Guaidó el manejo de las cuentas de la República y del Banco Central de Venezuela, abriendo las puertas a su manejo legal de los activos externos».
Detalló que el problema está en que la decisión de reconocer un gobierno sin control de facto sobre parte de su territorio es inusual. Por lo que la jurisprudencia es limitada y el espacio de ambigüedad es significativo.
Para Rodríguez, se han generado disputas legales que han limitado la capacidad de cualquiera de las partes de manejar los activos en cuestión, por el reconocimiento de Juan Guaidó, que ha sido ambiguo como el caso de la jurisdicción del Reino Unido.
Dijo que si EEUU accede a la demanda de Nicolás Maduro por restablecer el funcionamiento de la embajada en Caracas, es poco probable que ocurra en el contexto de pleno reconocimiento de la administración de Maduro.
Por lo que considera que se puede estar generando un espacio de ambigüedad legal adicional, en el que Maduro aún sigue sin ser reconocido, pero se estaría reconociendo de facto al aceptar tratar con él en lugar de tratar con el gobierno interino.
Destacó que en el acuerdo suscrito el 13 agosto en Ciudad de México, la Plataforma Unitaria reconoció al gobierno de Maduro, lo que abriría la puerta acciones legales de acreedores hostiles.
De esta manera, «es poco probable que cesen otras restricciones legales sobre el gobierno de Maduro en EEUU, incluyendo sanciones personales y la orden ejecutiva 13884 que prohíbe contratar agentes estadounidenses, incluyendo firmas de abogados»
Es decir, el gobierno de Guaidó podría ya no estar facultado para actuar legalmente en representación de la nación venezolana y tampoco el gobierno de Maduro.
A su juicio, el vacío legal dejaría el terreno libre para diversos grupos de acreedores a avanzar en sus demandas legales contra Venezuela, sin posibilidad de que se le enfrente una representación del Estado venezolano.
Por su parte el economista Guillermo Guerrero, advierte que ya los acreedores han avanzado en embargar activos, a pesar de las sanciones, entre ellos usando el argumento de que las víctimas de violencia de las FARC pueden reclamar compensación por Venezuela.
Por lo que considera que el tema de protección de los activos venezolanos debe ser visto con detenimiento en las negociaciones, para buscar una solución que permita avanzar en la negociación política sin causar más daños a la economía del país.
Propuso que se avance en juntas administradoras de activos externos, nombradas por consenso político y con facultades para defender los activos de Venezuela y administrarlos con transparencia.
Rodríguez resaltó que el centro de las propuestas que se ha hecho desde Petróleo por Venezuela, están la defensa de los activos y la recuperación del acceso a mercados petroleros y financiamiento internacional para atender a la crisis humanitaria.
Agregó que para atender los problemas urgentes del país, se deben buscar mecanismos de entendimiento, es necesario que los actores políticos sepan cuando poner a un lado el conflicto y poner por delante de los intereses del país, enfatizó.
